SUPREMA CORTE PROVINCIAL: Los candidatos propuestos son Aldo Mario Alurralde (DNI 18.144.728, actual juez federal de Reconquista); Diego Luis Maciel (DNI 25.629.017) y Jorgelina Mabel Genghini (DNI 21.422.539).
El Poder Ejecutivo de Santa Fe publicó este miércoles 17 de diciembre de 2025 el decreto que oficializa la postulación de tres precandidatos para ocupar vacantes en la Corte Suprema de Justicia provincial. La medida responde a la necesidad de renovar el máximo tribunal tras los anuncios de retiro de varios de sus integrantes, quienes superan los 75 años, límite establecido por la reforma constitucional provincial sancionada este año.
Los candidatos propuestos son Aldo Mario Alurralde (DNI 18.144.728, actual juez federal de Reconquista); Diego Luis Maciel (DNI 25.629.017) y Jorgelina Mabel Genghini (DNI 21.422.539).
Cambio generacional
La renovación de la Corte se produce en un contexto de transición institucional marcado por la reforma constitucional de 2025, que estableció que los magistrados cesan en sus cargos al cumplir 75 años de edad. El artículo 124 de la Carta Magna provincial dispone que los jueces son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y ética, pero fija ese límite etario.
En ese marco, el Dr. Eduardo Guillermo Spuler presentó su renuncia, que se hará efectiva el 1 de septiembre de 2026, tras más de 25 años en el tribunal. Por su parte, el Dr. Roberto Héctor Falistocco anunció que dejará su cargo el 1 de noviembre de 2026, después de 35 años de trayectoria en el máximo tribunal provincial. También el actual presidente de la Corte Suprema, Dr. Rafael Francisco Gutiérrez, hizo pública su decisión de dejar el cargo en la misma fecha que Falistocco. El decreto destaca la «honorable vocación de cumplimiento» de estos magistrados, que permite garantizar la continuidad institucional de la provincia.
Proceso de selección
El Ministerio de Justicia y Seguridad quedó instruido para difundir ampliamente los nombres y antecedentes de los candidatos, iniciar las actuaciones administrativas correspondientes y requerir la opinión de organizaciones relevantes en los ámbitos profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos.
Además, se solicitarán informes a la Administración Provincial de Impuestos y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de los postulantes, así como los certificados previstos por la ley provincial 11.945.